España vivía este jueves una huelga general, con algunos incidentes aislados, que culminará en una gran manifestación en Madrid contra la reforma laboral y las políticas de rigor decretadas, bajo estrecha vigilancia de la Unión Europea, por el gobierno del conservador Mariano Rajoy.
"Esta huelga ha sido un éxito democrático y social sin discusión", aseguró Cándido Méndez, secretario general de UGT, uno de los dos principales sindicatos españoles y convocante de la movilización junto con la otra central mayoritaria, la CCOO.
Méndez avanzó una participación media del 77%, mientras que su homólogo de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, precisaba: "la incidencia es superior en los sectores industriales y algo menor en el ámbito de los servicios".
"Nuestro fin es que el gobierno corrija en profundidad la reforma laboral", insistió Méndez.
Consciente de que España vuelve a ser tema de preocupación para sus socios europeos, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, buscó dar una imagen de firmeza y aseguró que la "agenda reformista es imparable".
"Las partes frontales de la reforma (laboral) no se van a cambiar porque entendemos que son las necesarias para volver a un crecimiento económico que se transforme cuanto antes en creación de empleo", aseguró.
Incidentes
La secretaria de Estado señaló que la movilización se desarrollaba "con absoluta normalidad y sin incidentes importantes".
Algunos de los problemas más destacados tuvieron lugar en Barcelona, donde 17 personas fueron detenidas después que la policía cargara en el centro de la ciudad contra grupos de jóvenes que incendiaron contenedores y dañaron mobiliario urbano.
Tanto en Barcelona como en Madrid, desde primeras horas de la mañana piquetes de huelguistas acudieron a las puertas de mercados centrales, grandes bancos y empresas.
Centenares de ellos se concentraron posteriormente en el centro de Madrid, como preludio de la gran manifestación, que debía culminar por la tarde la movilización, vigilados por un imponente dispositivo policial que ocupó la conocida Puerta del Sol.
"Así, así. Ni un paso atrás con la reforma. Huelga general", coreaban los manifestantes.
Junto a los sindicatos, el movimiento de los "indignados" también quiso protestar a su manera con una gran manifestación en bicicleta, ralentizando el tráfico y durmiendo en la calle una enorme "siesta colectiva".
"Tenemos que enviar un mensaje claro al gobierno de que no pueden hacer todo que les dé la gana sólo por tener una mayoría", afirmaba Marta Rosado, una oficinista de 28 años que lucía una etiqueta de "En Huelga".
Sindicatos e indignados protestan contra una reforma del mercado laboral, aprobada el pasado 11 de febrero por el gobierno de Mariano Rajoy con el fin de relanzar la creación de empleo, en un país con una tasa de paro récord del 22,85%, que castiga especialmente a los jóvenes de menos de 25 años (48,6%).
Los organizadores de la huelga consideran que la reforma sólo abarata el despido y aumentará la destrucción de empleo.
"Entiendo que hagan la huelga. La reforma sólo sirve para que te echen más fácilmente y con menos dinero", indicó Pedro Moreno, vestido con su uniforme de reponedor de un gran supermercado de las afueras de Madrid.
"Pero no están los tiempos para andar perdiendo días de trabajo", añadió este hombre de 32 años en la madrileña Plaza de Castilla, uno de los principales nudos de comunicaciones del norte de Madrid, mostrando el miedo que comparten muchos trabajadores a perder un día de salario y que podría pesar en el resultado final de la huelga.
La movilización, la sexta desde el restablecimiento de las libertades sindicales en 1977, tiene lugar un día antes de que el gobierno apruebe el viernes los presupuestos generales para 2012, que se anuncian rigurosamente austeros, y serán mirados con lupa por los ministros de Finanzas del Eurogrupo reunidos al mismo tiempo en Copenhague.
El gran objetivo del Gobierno es reducir el déficit público español al 5,3% del PIB pactado con la Unión Europea, tras un gran desvío que lo llevó hasta el 8,5% en 2011, para lo que, según distintos cálculos, se necesitará un ajuste de entre 41.500 millones y 55.000 millones de euros.
